gente reunida en una plaza

Foro de justicia ambiental en el Valle de San Joaquín

Gira reúne a activistas, organizadores comunitarios, reguladores y científicos

Por Clarisse Céspedes y Sosha Capps.

El Valle de San Joaquín, en California, es una región predominantemente rural y muy diversa que cuenta con una rica historia multicultural, incluyendo ser cuna de los movimientos por la justicia ambiental y los derechos de los trabajadores agrícolas. 

También es una de las regiones más pobres y contaminadas del país, con altos niveles de contaminación tóxica del aire, el agua y la tierra, y notables disparidades en materia de salud, como cáncer, enfermedades cardiovasculares (incluyendo accidentes cerebrovasculares y presión arterial alta), enfermedades crónicas de riñones e hígado, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, bajo peso al nacer y mortalidad infantil. 

En marzo de 2024, el Centro de Ciencias de Salud Ambiental de UC Davis, en colaboración con su Comité Asesor Comunitario, organizó una gira de un día sobre justicia ambiental y salud en el Valle de San Joaquín. La gira reunió a investigadores, líderes de base, organizaciones comunitarias, agencias reguladoras regionales, estatales y federales, y líderes del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS por sus siglas en inglés), incluyendo a su director, Rick Woychik, Claudia Thompson, jefa de la División de Salud de la Población, y Liam O'Fallon, líder del programa Asociaciones para la Salud Pública Ambiental.

El día comenzó en las pequeñas comunidades no incorporadas de Cantua Creek y Lanare, ambas clasificadas por el Estado de California como Comunidades Desfavorecidas. Estas son las áreas en todo el estado que se ven desproporcionadamente afectadas por una combinación de problemas económicos, de salud y ambientales. Estos problemas incluyen pobreza, alto desempleo, contaminación del aire y del agua, presencia de desechos peligrosos y alta incidencia de asma y enfermedades cardíacas. 

Phoebe Seaton de Leadership Counsel for Justice and Accountability (LCJA) y Nayamín Martínez de Central California Environmental Justice Network (CCEJN) compartieron perspectivas comunitarias y de defensa sobre los impactos cumulativos de la exposición a pesticidas, la contaminación del agua, la contaminación del aire y la inseguridad alimentaria. Los residentes dieron un conmovedor testimonio sobre sus experiencias de exposición a tóxicos, los efectos del cambio climático, la escasez de recursos y la respuesta inadecuada del gobierno a sus preocupaciones. 

Sistemas de agua potable en crisis 

La contaminación de las aguas subterráneas es un problema que se extiende todo el Valle de San Joaquín. Los contaminantes comunes incluyen nitratos derivados del uso de fertilizantes y aplicaciones de estiércol; arsénico, que se produce de forma natural pero que empeora con la extracción excesiva y la sequía; y pesticidas (tanto los que se utilizan en la actualidad como productos persistentes como el 1,2,3-TCP). Los residentes rurales que dependen de pozos poco profundos comunitarios y residenciales son los que corren mayor riesgo. 

Lanare y Cantua Creek ejemplifican tanto la profundidad como la complejidad de estos desafíos. Al igual que otras comunidades no incorporadas similares en el Valle de San Joaquín, fueron establecidas en los 50 por trabajadores agrícolas afroamericanos y mexicanos, que habían llegado a California con la esperanza de una vida mejor. 

En un contexto de prácticas de vivienda excluyentes y de discriminación, estos trabajadores se vieron obligados a construir sus hogares en lugares rurales aislados sin electricidad ni agua corriente. Cuando finalmente se instalaron pozos y tuberías en las décadas de los 70 y 80, se descubrió que el agua de Lanare contenía niveles tóxicos de arsénico, y los pozos de Cantua Creek pronto se contaminaron con nitratos. 

Después de décadas de organización y activismo comunitario, en 2007 se construyó una planta de tratamiento de arsénico en Lanare, que cerró seis meses después por falta de fondos operativos, dejando a la comunidad endeudada. Trece años después, en 2019, dos nuevos pozos finalmente proporcionaron a la ciudad agua libre de arsénico, pero los residentes todavía no se sienten seguros de beber, denunciando que huele mal y deja residuos en lavabos e inodoros. En Cantua Creek, los residentes pagan precios altos por agua del grifo importada de otro distrito de agua, que a pesar de estar tratada se considera insegura para beber, y dependen del estado para el agua potable embotellada. Llevan esperando nuevos pozos desde 2018, sufriendo repetidos retrasos, una creciente deuda por el pago de agua y la incertidumbre de si los nuevos pozos puedan proporcionar agua limpia y accesible, debido a la sequía y a los niveles bajos del agua subterránea.

“Vivimos olvidados, invisibles, desatendidos, con agua contaminada. Llevamos años luchando por esto", dijo un residente de Cantua Creek. "Teníamos agua muy buena y barata, pero ahora ni siquiera podemos usarla para cocinar, ni siquiera queremos bañarnos con ella". 

Gente reunida en centro comunitario
Más de 20 voluntarios de Comunidad Unida en Lanare ofrecieron una comida a los invitados en el Centro Comunitario de Lanare. Foto: Clarisse Céspedes.

El impacto de la exposición a pesticidas

Las granjas del Valle de San Joaquín utilizan más pesticidas que cualquier otra región del condado. La exposición a pesticidas se ha relacionado con una amplia gama de problemas de salud agudos y crónicos. Además, las disparidades raciales y económicas en la exposición a pesticidas son notables, y los trabajadores agrícolas, los que viven cerca de los campos y los niños son especialmente vulnerables.

"No nos avisan sobre los pesticidas. Yo trabajé en esto y sé que por la noche es cuando más rocían. Trabajé en esto y sé que durante la noche es cuando echan más. Toda la noche, toneladas (de pesticidas) sobre almendras, pistachos... y sin previo aviso", dijo un residente de Lanare en el foro.

Varios activistas locales destacaron la necesidad de una infraestructura básica en áreas desatendidas, como centros de enfriamiento en verano y calefacción en invierno, que también podrían usarse como un lugar seguro cuando se aplican pesticidas o durante otras emergencias.

"Necesitamos los purificadores de aire. Soy asmática y tengo que encerrarme en casa. Tengo dos purificadores de aire. Imagínense para los niños, que quieren practicar deportes y no pueden tener una vida normal", dijo un tercer residente.

Los vapores nocivos de las lagunas de estiércol de vaca, los basureros ilegales y la quema de basura, las islas de calor, la refrigeración y la filtración inadecuadas de aire en las casas, además de transporte escaso para acceder a servicios de salud esenciales son problemas graves que enfrentan los residentes de ambas comunidades, quienes destacaron la desconexión que existe entre la agricultura industrial y las necesidades de las comunidades locales.

Después del almuerzo, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que los activistas -Rubén Rodríguez de CCEJN, Mariana Alvarenga de LCJA, así como Ángel García y Raúl García de Californians for Pesticide Reform (CPR)- compartieron su trabajo sobre aspectos clave de justicia ambiental y salud como los pesticidas, la calidad del agua potable, la contaminación del aire y el cambio climático. Además, los investigadores de UC Davis hablaron sobre sus proyectos con sensores portátiles de salud ambiental (Nicholas Kenyon, Mitchell McCartney, Cristina Davis), el análisis de agua de pozos domésticos (Vida Sánchez, Jasqueline Peña) y el uso de mochilas para tomar muestras de la exposición a pesticidas (Deborah Bennett en colaboración con CPR).

"Tenemos que ver la realidad de los grupos vulnerables y ofrecer soluciones"

El evento en Lanare concluyó con una mesa redonda y un debate entre los participantes de la gira, los reguladores gubernamentales y el Dr. Woychik, moderados por el director del núcleo de Participación Comunitaria de EHSC, Jonathan London. El diálogo destacó las preocupaciones de salud ambiental de la comunidad, las solicitudes de las agencias reguladoras y las prioridades de investigación de la comunidad para apoyar e informar su defensa.

Todos expresaron la importancia de continuar el diálogo, en particular para llamar la atención sobre los impactos acumulativos, un objetivo que requeriría mejor colaboración entre agencias y la comunidad. Como dijo un regulador: "Sabemos que necesitan respuestas. [Y nos damos cuenta de que] 'lo siento, esta es otra agencia' [no es una buena respuesta]. Necesitamos dejar de trabajar en compartimentos aislados".

Los miembros de la comunidad de Lanare instaron a los organizadores a no dejar que el foro fuera un evento único, sino que mantuvieran la conversación a través de reuniones virtuales periódicas con agencias y científicos para colaborar en alcanzar soluciones para abordar los impactos acumulativos. El Centro de Ciencias de la Salud Ambiental THREE de UC Davis convocará estas reuniones en el futuro, y actualmente se encuentran en las etapas de planificación.

El fenómeno de los almacenes en Fresno

En el camino de regreso a Fresno, se unió al grupo Verónica Garibay de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad para mostrar cómo la comunidad de centro-sur de Fresno enfrenta una creciente industrialización por el auge de almacenes, centros de distribución y fábricas, lo cual ha provocado una grave contaminación del aire, incluidas las partículas tóxicas de diésel, así como impactos negativos en el sonido, la vibración y la seguridad del tráfico, que afectan la salud y el bienestar de los residentes locales.

En 2021, la South Fresno Community Alliance emprendió acciones legales contra la ciudad de Fresno, alegando que el Informe de Programa de Impacto (PEIR) de la ciudad, un estudio ambiental general que los inversionistas pueden utilizar cuando construyen nuevos proyectos, no era adecuado para abordar los impactos del desarrollo industrial, especialmente en las comunidades del sur de Fresno. Aunque el caso fue inicialmente desestimado, los activistas comunitarios apelaron y lo ganaron en agosto de 2024. Decenas de proyectos se han detenido en toda la ciudad, y se les exigirá que desarrollen sus propios Informes de Impacto Ambiental. Los grupos de abogacía también están presionando para que se implementen zonas de protección entre los almacenes y "receptores sensibles" como guarderías, escuelas y hospitales, para reducir su exposición a la contaminación del aire.

Mujer dirigiéndose a un grupo
Nayamín Martínez, Directora Ejecutiva de CCEJN, informa sobre varios proyectos de Justicia Ambiental en el Centro Comunitario de Lanare. Photo: Clarisse Céspedes.

Al final del evento, los líderes del NIEHS y el Centro de Ciencias de Salud Ambiental THREE de UC Davis expresaron su agradecimiento a los residentes y activistas comunitarios por compartir su experiencia y conocimientos, y agradecieron a los reguladores gubernamentales que se comprometieran a abordar los problemas de la comunidad.

El centro quiere reconocer la inspiración original de Tanya Khemet (ex codirectora del CEC) y la brillantez organizativa de Nayamín Martínez de CCEJN.